Derecho a voto y “superciudadanos”

(Publicado originalmente en El Mercurio el 17 de agosto de 2013)

Cada vez que se acerca una elección presidencial resucita el debate sobre el voto de los chilenos en el extranjero. Desde 1991, cuando Carlos Dupré presentó la primera iniciativa, pasando por la elección de Ricardo Lagos en 2000 tras la cual se comprometió a garantizar el voto de la que llamó “Decimocuarta región”, se han producido numerosos intentos por establecerlo. El último es una reforma constitucional que está siendo tramitada en el Senado desde el 24 de junio de 2013.

Hay quienes sostienen que dicha reforma es innecesaria, porque los chilenos que viven en el extranjero no han perdido este derecho. Al implantarse la inscripción automática en 2009, lo único que haría falta es poner los medios para que voten ya. Bastaría, entonces, no una reforma constitucional, sino una mera modificación de leyes de menor rango.

El asunto, sin embargo, aunque concierne a un derecho político como es el voto, toca el nervio de cuestiones centrales en el entramado constitucional, como son la nacionalidad y ciudadanía. Quienes buscan atajos hoy están propugnando reformas de carácter operativo que amenazan con desperfilar irreflexivamente conceptos esenciales.

La globalización ha afectado la idea de ciudadanía de manera significativa. La facilidad con que hoy se migra ha puesto en cuestión los viejos principios del ius sanguinis y el ius solis . Las diversas tradiciones de los Estados han complicado el panorama. Hay países que fomentan la doble nacionalidad, mientras otros, como EE.UU., consideran que la suya es incompatible con otra.

En este escenario surgen los que llamo “superciudadanos”. Se trata de personas que ostentan más de una nacionalidad o que disfrutan de derechos cívicos en más de un país. Es el caso muy común, por ejemplo, de españoles y sus descendientes avecindados en América que en virtud de tratados negociados en tiempos de la dictadura de Franco gozan de doble nacionalidad con los países iberoamericanos. Como España garantiza el derecho a voto de los españoles en el extranjero, se da el caso de que un español que resida en Chile y tenga la doble nacionalidad puede participar en los procesos electorales de ambos países.

La guerra civil y el masivo exilio posterior justificaron la política de doble nacionalidad de Franco, trufada además por la idea de “la unidad de la raza”. Por eso al 12 de octubre le llamábamos en Chile “Día de la Raza”. El tratado con Chile, de 1958, es además el más antiguo de todos. Pero desde el punto de vista práctico, quien tenía la doble nacionalidad no era un “superciudadano” porque eran casi inexistentes los derechos que se podían ejercitar a distancia. Todo eso cambió en la Transición española, donde se asentó el voto por correo de sus emigrantes. La confluencia de ambos factores -la doble nacionalidad y el derecho a voto en el exterior- configuró un “superciudadano” con el doble de capacidad de decisión que otro que únicamente es chileno o español, por ejemplo.

Estas nuevas situaciones con que la modernidad asalta a conceptos como la nacionalidad o la ciudadanía ya se han contemplado en otros terrenos como la tributación, tan íntimamente ligados a la idea de democracia desde la Carta Magna inglesa. Dirimir dónde un sujeto que se desenvuelve en un escenario transnacional debe pagar sus impuestos se ha convertido en un asunto sujeto a diversas disputas legales, pero si vamos a la raíz del principio democrático, es obvio que los tributos hay que satisfacerlos ahí donde se obtiene la representación política y se ejercen los derechos ciudadanos.

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Ricardo Lagos arrojó que había 857.781 chilenos en el exterior. De ellos, un 58% llevaba más de 20 años residiendo en el extranjero. Más del 26% decía que visitaba Chile periódicamente, pero un 25%, que no venía nunca. La gran mayoría de los primeros ha obtenido algún tipo de derecho político en los países en que se ha afincado, por lo que, en la práctica, el voto a distancia los convertirá en “superciudadanos”.

Resulta curioso que en este debate siempre se argumente desde “el clamor”, cuando hay cuestiones de principios en juego. Ya no solo se trata de que tratados y constituciones permitan que existan ciudadanos capaces de influir en más de un país, cosa que debería preocupar a toda nación interesada en garantizar la igualdad de derechos de sus ciudadanos; incluso a quienes albergan los deseos más fraternales no les repugna la idea de que a los extranjeros se les exija un mínimo avecindamiento en Chile para que puedan votar (cinco años) o ser elegidos (diez años). En cambio a otros chilenos, que han hecho su vida lejos, se les pretende garantizar este ejercicio en virtud de razones meramente simbólicas o sentimentales.

Muchas dudas surgen de estas reflexiones. ¿Debe Chile garantizar a sus ciudadanos la facultad de acumular el derecho a voto en todos los países posibles? ¿Debe ser la nacionalidad un asunto sometido a la conveniencia personal como plantea la reforma constitucional de 2005 con aquellos que eventualmente renunciaron a ella por imposición legal de otros países? ¿Hay criterios razonables detrás de las asimetrías que se pueden crear? ¿Se conocen los abusos que se producen con el voto emigrante, que en España, por ejemplo, está permanentemente bajo sospecha?

El arraigo, avecindamiento o lo que en términos fiscales se denomina “establecimiento permanente” es crucial a la hora de configurar ciertos derechos y obligaciones. Y parece muy relevante respecto del derecho a voto. No solo porque no parece justo que alguien condicione desde la distancia un presente que no comparte en ese momento. Saber que se participa de las consecuencias es la única manera de que el voto se emita responsablemente. Si en el pasado la ausencia de globalización no hacía necesario plasmar legalmente este criterio, quizás ya sea hora de hacerlo.

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