Pilauco, el problema de un país de usuarios

La Ruta 5, construida por Sacyr y administrada por la Soc. Concesionaria Los Lagos.

(Publicado el 4 de marzo de 2001 en El Diario Austral de Osorno y compilado en mi libro “Huasos en la Aldea Global” publicado en 2004 como autoedición)

En la sede de Sacyr en Madrid no saben dónde está Pilauco Norte y nunca han oído las protestas de Tomás Gehlen o de Frank Nauber. Lo curioso es que el intendente Iván Navarro, que vive en Puerto Montt, tampoco conocía los problemas de Pilauco hasta esta semana y nunca se habría enterado si no fuera por El Diario Austral , como él mismo reconoció[1].

Chile quiere abrazar la modernidad a cualquier precio y eso está pasando facturas como la de Pilauco y la nueva autopista. El problema está en que se ha acometido esta obra con un criterio que es inaceptable en otras latitudes. La filosofía en países como Alemania, Francia o España siempre ha sido que las autopistas de peaje sólo pueden existir donde haya una vía alternativa de uso libre, aunque sea de peor calidad. Se hace así para garantizar la libertad de movimientos de  los ciudadanos y evitar la discriminación económica.

Debatir sobre cuál sistema es mejor y más respetuoso con los ciudadanos nos llevaría tiempo. La solución adoptada en Chile con las autopistas, al construirlas sobre antiguas vías públicas, concuerda perfectamente con la idea de que el país está formado por meros consumidores o usuarios y no por ciudadanos.

Llevando esta filosofía oficial a un extremo, cabe considerar que si se adjudica una autopista de pago sobre el trazado de una antigua carretera pública, el Estado está subvencionando también al concesionario con las costosas inversiones realizadas en el pasado para expropiar los terrenos y mantener la vía abierta. Lo anterior debería incidir en el plazo de la concesión (una autopista con un mercado cautivo se amortiza antes que otra donde existen alternativas gratuitas) y hasta cabría estudiar una reducción del impuesto de circulación puesto que algunas vías públicas han pasado a ser privadas y ya se paga por usarlas.

 En fin, llegamos tarde a un debate que, lamentablemente, nunca existió.

Pero incluso asumiendo esta realidad impuesta y aceptando que nadie habría hecho una autopista en Osorno si no es con el aliciente de obtener una carretera vieja de regalo y unos jugosos ingresos en el futuro, el caso de Pilauco contraviene cualquier lógica urbanística, porque amputa parte de la ciudad a sus habitantes.

Sacyr es la constructora que no cotiza en bolsa más rentable de España. Se formó en 1986 por antiguos empleados de otras constructoras y se ha desarrollado con gran criterio. Su margen neto en el año 2000 rondó los 14.000 millones de pesetas (unos 43.000 millones de pesos de la época). En 1996 llegó a Chile y ha construido mucho. Terminó con más de un año de antelación la autopista Los Vilos-La Serena y tiene en marcha varias obras más. Un repaso por los archivos arroja, además, una conclusión notable: hasta ahora Sacyr no aparece salpicada por ninguno de los escándalos de financiación ilegal de los partidos políticos que han ensuciado el currículo de otras constructoras españolas.

Ante esta situación tan saneada, resultaría extraño que Sacyr no deseara resolver el problema que está provocando en Pilauco. Lo que ocurre es que éste no es un problema entre los usuarios y una empresa. Sacyr tiene un mandato para construir una autovía bajo cánones fijados en un contrato con el Estado. Los responsables de garantizar una solución a éste y otros problemas similares son los planificadores del Ministerio de Obras Públicas chileno que diseñaron el convenio de concesión y que, por lo que se ve, no se coordinaron con las autoridades locales que habían propiciado el surgimiento de ese parque empresarial en Pilauco.

Estamos realmente ante un problema de los osorninos con la autoridad reguladora. Pero como el criterio oficial es que Chile es un país de usuarios, las autoridades —que son escogidas por ciudadanos y no por consumidores que suelen elegir productos— abandonan continuamente sus responsabilidades, sobre todo en aquellos terrenos donde creen que deben “arreglárselas” entre ellos los privados.

Lo cierto es que el conflicto de Pilauco dio origen a la única noticia sobre Osorno aparecida en la prensa española en la última década[2] y tenía que ver con el ataque a tiros contra una caseta de Sacyr en la época en que Augusto Pinochet estaba detenido en Londres, hace más de un año atrás. Esa es una forma inaceptable de abordar el conflicto, pero es una demostración de hasta dónde puede llegar una pelea “entre privados” cuando las autoridades se inhiben de su función reguladora.

Es fácil satanizar y culpabilizar a Sacyr, pero no puede soslayarse la responsabilidad que cabe a las autoridades regionales y locales en este asunto. No puede ser que la Municipalidad y la Gobernación no hayan puesto el grito en el cielo hace mucho tiempo al ver que una parte de la ciudad quedaría segregada del resto por muy pocos que sean los vecinos afectados. Tampoco es de recibo el desconocimiento del asunto que ha exhibido hasta ahora el intendente.

Sacyr, en este caso, no es el problema, sino que por ella pasa la solución. Ésta deberá salir de una negociación con la compañía encabezada por las autoridades. Las empresas españolas son muy permeables a las presiones de la opinión pública y son capaces de rectificar ante un problema como éste.  Pero como dice un viejo refrán castellano, “ante el vicio de pedir está la virtud de no dar” y Sacyr cuenta con el poderoso argumento de que aquí se ha producido un grave error de coordinación entre Obras Públicas y las autoridades de la ciudad.

Iván Navarro se ha enterado muy tarde, pero al menos parece decidido a resolver el asunto. Quizás tenga que hacer una autocrítica y llamarle la atención a alguno de sus subordinados por no alertarlo de manera precisa y puntual.  Le recomiendo que si hay algún penitente, lo mande a bañarse en el río Pichi-Damas o a buscar la Cueva del Indio para que conozca con detalle dónde está Pilauco.


[1] El Diario Austral de Osorno, edición del 28.02.2001.

[2] La noticia fue difundida por la agencia española Efe fechada en Santiago de Chile el 20 de octubre de 1999. Entre los diarios españoles que la recogieron, el más destacado fue El País en su edición del 21.10.1999, a una columna y bajo el título “Tiros contra una empresa española en el sur de Chile”.

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